Sociedad Benéfica de Historiadores Aficionados y Creadores

Testimonios y textos recuperados por su interés.

Historia de la República española en el exilio (1939-1947)

José A. Ferrer Benimeli

Publicado en Tiempo de Historia nº 32 julio de 1977

El trabajo que publicamos a continuación es un extracto de la obra de José María del Valle, «Las instituciones de la República española en el exilio», editada por Ruedo Ibérico en París el pasado año de 1976. El amplio período de tiempo —casi cuatro décadas— abarcado por este resumen, ha hecho preciso un artículo de muy larga extensión. Por ello, lo ofrecemos en dos partes: la inicial en este número, y la segunda y última —que comprende desde el primer Gobierno presidido por Álvaro de Albornoz hasta la actualidad— en el próximo número de TIEMPO DE HISTORIA.

El 1.° de febrero de 1939 a las diez y media de la noche, en el castillo de Figueras, a pocos kilómetros de la frontera francesa, las Cortes de la República española se reunían por última vez en territorio nacional. Tanto su presidente, Diego Martínez Barrio, como el presidente del Consejo de Ministros, Juan Negrín, examinaron en sus respectivas declaraciones los recientes acontecimientos que auguraban ya el desastroso final de la guerra civil, si bien el Jefe del Gobierno todavía confiaba en fijar el empuje enemigo en Cataluña (a pesar de la caída de Tarragona y Barcelona), así como el que se lograra resistir en la zona centro-sur.

La declaración ministerial fue sometida a discusión. Fernández Clérigo, en nombre de Izquierda Republicana; Lamoneda, en representación de la minoría socialista; Zulueta, por Esquerra Catalana, y Mije en nombre del Partido Comunista acordaron la confianza al gobierno. Seguidamente se propuso a la Asamblea la siguiente declaración:

«Las Cortes de la nación, elegidas y convocadas con sujeción a la Constitución del país, ratifican a su pueblo, y ante la opinión universal, el derecho legítimo de España a conservar la integridad de su territorio y la libre soberanía de su destino político. Proclaman solemnemente que a esta obra de independencia y libertad nacional asiste unánime el concurso de los españoles, y que, sean cuales fueren las vicisitudes transitorias de la guerra, permanecen firmemente unidos en la defensa de sus derechos imprescriptibles. Saludan al Ejército de Mar, Tierra y Aire, y ratifican su confianza invariable en el porvenir glorioso y libre de la patria española».

La proposición fue aprobada por unanimidad. La histórica y dramática sesión se levantaba a las doce y cuarenta y cinco de la noche. Pero los planes de resistencia propugnados por Negrín para Cataluña fracasaron totalmente y ante el avance de los nacionales comenzó el éxodo de militares y paisanos, que en pocos días atravesaron la frontera hasta un total de medio millón que fueron internados en campos de concentración bajo la vigilancia de soldados senegaleses.

Poco después, el 6 de febrero, les seguirían el presidente de la República, Manuel Azaña, y el presidente de las Cortes, Martínez Barrio, así como los jefes de los gobiernos de Cataluña y Euskadi, Companys y Aguirre. Tras estos hicieron otro tanto el doctor Negrín y sus ministros. Por su parte, y de una forma más o menos simultánea, una gran parte de los diputados cruzaron igualmente los Pirineos, empezando para unos y otros ese exilio cuya duración ninguno de ellos podía imaginar.

El Gobierno se reunió en Toulouse, convencido de que mientras se siguiera luchando en la zona Centro-Sur su misión estaba precisamente allí, y por lo tanto se imponía el regreso. Así lo hizo Negrín, el 10 de febrero, aterrizando en Alicante en compañía de Alvarez del Vayo y otros miembros del Gobierno y de algunos jefes militares. Con ello intentaba levantar los ánimos v coordinar la última resistencia.

Azaña, que por indicación de Negrín debía desplazarse a su vez a la zona centro, sin embargo, se negó rotundamente, pues para él la guerra estaba terminada y la derrota total de las fuerzas republicanas era ya un hecho irreversible. Esta actitud del Presidente de la República iba a provocar la primera crisis en el exilio. En lugar de regresar a España se trasladó a la embajada de París, y de allí a Collonges-sous-Saléve, en la Alta Savoya, donde el 27 de febrero alegando razones de salud envió al Presidente de las Cortes su dimisión como Presidente de la República.

La Diputación permanente de las Cortes reunida en París, en un local alquilado de la rue de la Pepiniére, esquina al boulevard Malesherbes y plaza St. Agustín, en su primera sesión celebrada el 3 de marzo (1939) fue enterada por su presidente Martínez Barrio de la dimisión de Azaña. Dadas las circunstancias especiales del caso, y ante la imposibilidad de reunir el Parlamento, el Sr. Jáuregui propuso que el propio Presidente de las Cortes aceptara la presidencia de la República, previa prestación de la promesa constitucional, a fin de facilitar la continuidad de la Jefatura del Estado. Aprobada por unanimidad (con la sola abstención del propio Martínez Barrio) el Presidente se dio por enterado v notificó inmediatamente al Jefe del Gobierno dicho acuerdo (por medio de un radiograma, único medio de comunicación en aquellos momentos), en tanto que ordenaba al Jefe del Estado Mayor del Ejército Republicano, el general Rojo, que se trasladara a Toulouse para, desde allí, preparar su viaje y cumplir así el acuerdo que, en última instancia, había llevado a la dimisión de Azaña.

Pero los acontecimientos se volvieron a precipitar. El general Rojo reconoció, poco menos que imposible, el viaje de Martínez Barrio a la zona centro; y por su parte Negrín, ni siquiera había podido contestar al radiograma del Presidente de las Cortes, pues se encontraba bloqueado con sus ministros, y solo a última hora pudo lograr escapar desde el aeródromo de Alicante y regresar de nuevo a Francia.

La llegada a París de los miembros del gobierno Negrín llevó a una nueva reunión de la Diputación permanente de las Cortes (7 de marzo). A instancias de Mije (comunista) propuso hacer una declaración expresa de reconocimiento de la legalidad del Gobierno Negrín, como único de origen constitucional. Por su parte Negrín al llegar a Francia, y tras prometer toda clase de ayuda, mientras siguiera la lucha en el centro, declaró que la República y las instituciones republicanas seguían subsistiendo, ya que no se podía admitir quedara liquidada la voluntad del pueblo español por un golpe de fuerza.

A partir de este momento Negrín se entrevistará con las autoridades francesas que designaron como intermediario al Sr. Blum, si bien impondrían como primera condición para permitir la estancia en Francia, tanto del Gobierno, como de los refugiados españoles, el que no hicieran ninguna labor política que planteara problemas al Gobierno francés.

Poco después, Negrín compareció ante la Diputación permanente de las Cortes (31 de marzo), reunida en París, para exponer su gestión desde la última reunión plenaria de Figueras. Fue una larga intervención explicativa y justificativa a la que siguió un debate bastante borrascoso con participación, entre otros, de Martínez Barrio, Albornoz, González López, Ibarruri..., en el que se discutió la legalidad de tal acto, e incluso del propio Gobierno. También se planteó si la Diputación permanente era constitucional y podía funcionar fuera de territorio español, pues según Albornoz era evidente que no podía haber Gobierno, sin territorio ni población, porque el Gobierno actúa sobre cosas y sobre personas. Sobre todo se puso de manifiesto una discrepancia entre la doble actuación de la Diputación de Cortes por un lado, y del Gobierno por otro, así como su interrelación o dependencia. Finalmente quedó aprobada la moción de «que se designara una comisión de seis miembros que, con su presidente, mantuviera contacto permanente con el Gobierno, fiscalizara su gestión y asegurara la compenetración de éste y los partidos afectos a la República».

EL GOBIERNO NEGRIN

De esta forma, el Gobierno de Negrín —con una legitimidad más o menos discutida—asumió la representación de la legalidad republicana en el exilio. En torno a Negrín que ostentaba la presidencia y el ministerio de la Defensa, se agruparon sus amigos incondicionales Julio Alvarez del Vayo (socialista), ministro de Estado y Francisco Méndez Aspe (Izquierda Republicana), ministro de Hacienda. Paulino Gómez (socialista) ministro de la Gobernación; González Peña (socialista) asumió la cartera de Justicia; Antonio Velao (Izquierda Republicana) ocupó el ministerio de Obras Públicas; Giner de los Ríos (Unión Republicana) titular de Comunicaciones; la cartera de Instrucción Pública la desempeñó Segundo Blanco (CNT), y la de Agricultura, Vicente Uribe (comunista). José Moix (PSUC) fue ministro de Trabajo. Finalmente, dos ministros sin cartera: Tomás Bilbao (Acción Nacionalista Vasca) y Jose Giral (Izquierda Republicana) completaron el gabinete.

El Gobierno se propuso una triple misión:

1) El problema de ayuda a los refugiados.

2) Mantener viva, dentro y fuera de España, la idea de la República y su legalidad.

3) Llevar a cabo la acción internacional necesaria para volver a poner sobre el tapete la cuestión de restablecer la República en España.

De estas tres misiones, quizá la primera es la que recabó los esfuerzos más urgentes del nuevo Gobierno, ya que eran medio millón de españoles los que habían cruzado la frontera y se hallaban en su mayor parte internados en campos de concentración.

El Gobierno, ya en 1937 y a raíz de la evacuación de los refugiados de la zona norte del Cantábrico (Asturias, Santander, País Vasco) había creado el Servicio de Emigración de los Republicanos Españoles (SERE). En enero de 1939, a raíz de la pérdida de Tarragona, se puso de nuevo en funcionamiento para acoger a los procedentes de Cataluña. Como presidente de esta organización fue designado Pablo Azcárate (antiguo embajador en Londres), y se encomendó su organización a Zugazagoitia, Cruz Salido, Méndez y Nolla. Pero al finalizar la guerra y ser reconocido por Francia el Gobierno de Franco, ya no podía funcionar como tal el SERE, por lo que dicha organización —previo acuerdo de la embajada de México y del Gobierno francés— pasó a la tutela del Gobierno mexicano. Azcárate continuó como lazo de unión entre la República y los Gobiernos francés y mexicano. Los medios de que disponía esta organización todavía no se saben con exactitud, pero según declaraciones del propio Negrín, dispuso de alrededor de unos 250 millones de francos (de los de 1939). Aquí entra en escena toda la turbia cuestión del yate Vita y las célebres maletas llevadas a bordo hasta el puerto de Veracruz.

Dado lo complejo del control financiero y administrativo de aquel patrimonio, la Diputación permanente de Cortes no quiso aceptar ser la administradora de los recursos expatriados, y con fecha 31 de julio, aprobó el Estatuto de la Junta de Auxilio a los Refugiados Españoles (JARE). La finalidad de este organismo —fiscalizado por la Diputación permanente— sería la de «administrar cuantos recursos y bienes pudieran y debieran destinarse al auxilio de los que habían emigrado de España por defender las Instituciones democráticas de nuestro país». Estaba integrado por un Presidente y ocho Vocales, todos ellos nombrados por la Diputación permanente.

El 1.° de agosto se acordó designar presidente de la JARE a Luis Nicolau d'Olwer, y vocales a José María Andreu, Emilio Palomo, Indalecio Prieto, Faustino Valentín, Amador Fernández y Juan Peiró. Por otro acuerdo se instituyó una delegación en México de la JARE integrada por Indalecio Prieto, presidente, en representación del Partido Socialista; y los vocales Emilio Palomo, en nombre de Izquierda Repúblicana, y Josep M.. Andreu, representante de Esquerra Repúblicana de Cataluña.

La JARE instaló en París unas grandes oficinas en la Avenue Hoche, y la delegación de México, a cuenta de los bienes en su posesión, comenzó a enviarle giros de importancia considerable para auxiliar a los miles de republicanos españoles refugiados en Francia y en Africa del norte. A su vez, el SERE, con Pablo de Azcárate, Alejandro Otero y Julio de Jáuregui a la cabeza, se había instalado en la rue Trinchet.

A estas dos instituciones se añadió el «Comité de Ayuda a España», presidido por Martínez Barrios, que poseía fondos procedentes de recaudaciones y donativos de organizaciones y de particulares en el extranjero de poca importancia, pero que no dejó de contribuir a la prestación de auxilios a los refugiados. Todo ello significaba una cifra de recursos muy importante, pero a todas luces insuficiente para las necesidades a que se tenía que atender. De esta forma empezó la dispersión de la emigración republicana española, que durante más de tres años se dirigió de forma especial, desde Francia y Norte de Africa, hacia México. Los principales puertos de embarque fueron Marsella, Casablanca, Le Havre, Burdeos y Saint-Nazaire, para luego a través de Santo Domingo, y Cuba —vía Nueva York— llegar a Veracruz. En total, la emigración de españoles a México alcanzó la cifra de unos 16.000 hombres, 4.000 mujeres y 8.000 niños.

Si bien es cierto que Francia absorbió la gran mayoría de los refugiados políticos españoles, sin embargo a México fue a establecerse una parte selecta de la emigración formada principalmente por intelectuales, científicos, médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, etc. Así ocurrió con la «Unión de Profesores Universitarios Españoles» fundada en París, pero que no tardó en trasladarse a México. Otros muchos diputados que provisionalmente se habían instalado en París, se dirigieron a diversos países de Hispanoamérica donde les sería más fácil ganarse la vida con sus profesiones respectivas (sesenta lo hicieron a México). Así Diego Martínez Barrio, presidente de las Cortes, se embarcó para Cuba el 16 de mayo de 1939. Jiménez de Asúa y Claudio Sánchez-Albornoz lo hicieron a Argentina, etc.

La guerra mundial y, sobre todo, la ocupación alemana de Francia precipitó esta dispersión al iniciarse la repatriación forzosa de algunos dirigentes políticos españoles entregados por los alemanes a Franco, como ocurrió con el Presidente Companys, el ex-ministro Zugazagoitia, el líder socialista Cruz Salido (fusilados poco después en España), el anarquista Juan Peiró, el ex-director general de Seguridad Manuel Muñoz, y tantos otros.

El propio Negrín salió de París dos días antes de la entrada de los alemanes, replegándose a Burdeos, donde permaneció hasta la firma del armisticio en que salió rumbo a Londres.

Por su parte, en México los partidos antifascistas empezaron a organizarse. Diego Martínez Barrio, Alvaro de Albornoz y el general Miaja celebraron varios mitines en La Habana, Nueva York y diversas capitales hispanoamericanas, actos que culminaron con el proyecto de formar un organismo político único que reagrupara a todos los republicanos superando las diferencias accidentales que separaban los diversos partidos republicanos.

Martínez Barrio, Gordón Ordax, Albornoz y Giral iniciaron una serie de reuniones que acabarían cuajando en los que Albornoz sugirió se llamara Acción Republicana Democrática Española (ARDE), declarándose al mismo tiempo, a propuesta de Gordón Ordax, la ruptura con el Frente Popular. A esto siguió el manifiesto del 14 de octubre de 1940 en el que se aludió a la necesidad de restablecer en España la legitimidad, suspendida violentamente, así como el restablecimiento de la constitución de 1931. A continuación se eligió un Comité directivo formado por Martínez Barrio, Giral, Albornoz, Castrovido, el general Pozas, Franchy Roca y Gordón Ordax, con residencia en México, lugar elegido para sede directiva; Barcia y Ossorio y Gallardo, asilados en Buenos Aires, el general Asensio, exilado en Nueva York, y Marcial Dorado, residente en La Habana. En el comité directivo figuraban los más esclarecidos re-presentantes de los tres partidos republicanos nacionales: Federal, Izquierda Republicana y Unión Republicana; de los republicanos sin partido: Ossorio y Gallardo; y del Ejército de la República: los generales Pozas y Asensio. Los partidos regionales no figuraban, por decisión propia, y los socialistas quedaron excluidos porque Acción Republicana era, como su nombre indica, una institución formada exclusivamente por republicanos.

Sin embargo, el intento de Martínez Barrio y Gordón Ordax de convertir este grupo en partido único republicano no llegó a cuajar. El propio Gobierno mexicano no era favorable a la reorganización de los antiguos partidos de España, pues una de las condiciones con que habían sido admitidos los españoles en el país, era la de evitar «inmiscuirse en política y en partidos políticos extranjeros». De ahí que Izquierda Republicana se estableció bajo el nombre de «Ateneo Salmerón». El Partido Federal adoptó la forma de un «Ateneo Pi y Margall», y el Partido Socialista la de «Ateneo Pablo Iglesias».

Por su parte, la Diputación permanente de las Cortes también se reconstituyó en México, y con ocasión del anuncio de formación en España de una Asamblea o Cortes, se reunió el 27 de julio de 1942 y acordó hacer una declaración pública protestando del proyecto de unas llamadas Cortes anunciadas por Franco. Declaración que fue dirigida a la opinión nacional e internacional denunciando como ilegal el proyecto de convocar Cortes en España.

A mediados de agosto del mismo año se constituyó una Comisión interpartidos, integrada por Izquierda Republicana, Unión Republicana, Partido Federal Esquerra Republicana de Cataluña, Acción Catalana Republicana y Partido Nacionalista Vasco. Pero su existencia no llegó tampoco a cuajar, entre otras cosas por la ausencia de los socialistas y por el problema de las autonomías.

En 1943 la Unión de Profesores Españoles emigrados, bajo los auspicios del rector de la Universidad de La Habana, tras su sesión del 22 de octubre elaboró lo que se llamaría Declaración de La Habana que constaba de 11 puntos, y en la que se ahogaba por la creación de un organismo que manteniendo la legitimidad republicana cooperara a la libertad de los españoles y preparara su decorosa convivencia en régimen de libertad y justicia social. Dicha declaración llevaba las firmas de los doctores Cándido Bolívar, Pedro Bosch Gimpera, José de Benito, Fernando de los Ríos, Francisco Giral, Félix Montiel, Augusto Pi y Suñer, Mariano Ruiz Funes, Antonio Trías, María Zambrano, Demófilo de Buen, José Giral, Alfredo Mendizábal, Manúel Pedroso, Gustavo Pittaluga, Paulino Suárez, Joaquín Xirau y Luis de Zulueta.

De esta iniciativa de los profesores universitarios fueron informados, entre otros, Negrín, Martínez Barrio, Indalecio Prieto y Alvaro de Albornoz. Poco después, el 20 de noviembre, se llegaba a un acuerdo —basado en el acatamiento de la Constitución del 31— de pacto de unidad para restaurar la República española, que fue suscrito por los partidos que votaron dicha Constitución e integraron el gobierno provisional de la República. En nombre de estas organizaciones figuraron como firmante: Carlos Esplá y Pedro Vargas, por Izquierda Republicana; Indalecio Prieto v Manuel Albar, por el Partido Socialista; Diego Martínez. Barrio y Félix Gordón Ordax, por Unión Republicana; José Andreu, por Esquerra Republicana de Cataluña, y Pedro Bosch Gimpera, por Acció Catalana Republicana. El Partido Nacionalista Vasco que quiso sumarse al convenio porque desde el comienzo de las conversaciones adoptó la actitud de considerar inexistentes, no sólo los preceptos de la Constitución, sino el hecho mismo de la unidad de España. La UGT se adhirió inmediatamente. Por su parte, el Partido Comunista presentó la oposición de una Junta Suprema de la Unión Nacional que afirmaba había nacido en España, y la CNT no declaró ninguna hostilidad, sin sumarse a causa de su carácter apolítico.

Este pacto se concibió como abrazo de partidos, con carácter eminentemente político. La solemne ratificación tuvo lugar el 25 de noviembre en uno de los salones del Centro Republicano Español de México. A continuación se constituyó el organismo directivo que quedó compuesto con los representantes designados por cada uno de los partidos signatarios. Por Izquierda Republicana, Alvaro de Albornoz; por el Partido Socialista Obrero Español, Indalecio Prieto; por Unión Republicana, Diego Martínez Barrio, y por Esquerra Republicana de Cataluña y Acció Catalana, Antonio María Sbert. Finalmente se acordó que el organismo recién constituido se denominase Junta Española de Liberación, nombrándose presidente a Diego Martínez Barrio, quedando encargado de las funciones de secretario Indalecio Prieto.

La nueva organización contó desde el primer momento con la adhesión de casi todos los sectores de la emigración española. Poco después, los cuatro vocales del Comité directivo convinieron en la necesidad de ampliar éste con cuatro vocales suplentes, uno por cada partido. Tras las correspondientes notificaciones fueron nombrados Carlos Esplá, por Izquierda Republicana; Félix Gordón Ordax, por Unión Republicaba; Alejandro Otero, por el Partido Socialista; y José Mascort, por Esquerra de Cataluña y Acció Catalana.

La Junta propuso igualmente que se le designaran representantes en los países de América y en Inglaterra, eligiendo para estos cargos a Augusto Barcia, para Argentina; José María España, para Colombia; Isidro Perera, para Costa Rica; Pascual Morán, para Cuba; Vicente Sol, para Chile; Antonio Jaén, para Ecuador; Fernando de los Ríos, para Estados Unidos; Luis Araquistáin, para Inglaterra; Jesús Vázquez Cayoso, para Panamá; José Marcos, para Paraguay; Pedro Orpi, para Puerto Rico; Rafael Supervía, para la República Dominicana; Luis Coello de Portugal, para Uruguay, y Amós Salvador, para Venezuela.

El 23 de diciembre de 1943, y el 26 de mayo de 1944, la Junta Española de Liberación dirigió sendos manifiestos a la opinión pública internacional, e inició campañas de propaganda y defensa de la causa republicana. Quizá la labor más importante, y de mayor resonancia llevada a cabo, fue su acción en la Conferencia de San Francisco, en la que se creó la Organización de las Naciones Unidas (25 de abril de 1945). Con esta ocasión la Junta Española de Liberación redactó una gran Memorándum dividido en once capítulos, y que fue firmado en nombre de la Junta por Alvaro de Albornoz, que había sido elegido su presidente a raíz de la dimisión de Martínez Barrio; por Gordón Ordax, Antonio M. Sbert, Carlos Esplá, Bernardo Giner de los Ríos, Alejandro Otero, José Mascort, como vocales; y por Indalecio Prieto, como secretario.

En él se pedía la no inclusión de la España de Franco en la organización de Naciones Unidas, así como la ruptura de relaciones de los miembros que la constituyeran, con España. Para poder influir más cerca de las cuarenta y nueve delegaciones de otras tantas naciones que se iban a reunir en San Francisco, se trasladó a dicha ciudad un Comité integrado por Alvaro de Albornoz, Gordón Ordax, Antonio M. Sbert e Indalecio Prieto. La labor de propaganda y captación de votos culminó el 19 de junio en la sala del Teatro de la Opera, con la sesión en la que la cuestión de la Junta Española de Liberación se planteó por mediación de México, a cuya intervención siguieron otras para apoyarla (Francia, Australia, Bélgica, Uruguay, EE.UU., Ukrania, Bielorrusia, Guatemala y Chile). El resultado es de todos conocido. La propuesta de México quedó aprobada por aclamación.

Poco después sería la Declaración de Postdam la que se ocupó también de España en un breve párrafo en el que los tres gobiernos se sentían obligados a indicar claramente que «por sur parte no aceptaría ninguna solicitud de ingreso del presente Gobierno español, el cual, habiendo sido fundado con el apoyo de las potencias del Eje no poseía en atención a sus orígenes, sus antecedentes y su íntima relación con los Estados agresores, las cualidades necesarias para justificar su ingreso en el seno de las Naciones Unidas».

El éxito obtenido en la Conferencia de San Francisco requería la formación de un Gobierno republicano en el exilio de autoridad indiscutible. Negrín llegó a México con la intención de hacer un amplio informe público para los republicanos españoles. A éste seguiría la convocatoria de los Comités directivos de todos los partidos y sindicatos para tratar de la restauración de las instituciones republicanas en el exilio. El primer acto tuvo lugar el 1.° de agosto de 1945 en el teatro del Palacio de Bellas Artes cedido a este efecto por el Gobierno mexicano. A continuación se efectuó, a invitación de Negrín, la reunión de representantes de los partidos para examinar los problemas planteados. Esta tuvo lugar en dos sesiones celebradas el 7 y 8 de agosto. Asistieron todos los Comités de los partidos, menos la ejecutiva del Partido Socialista -al que estaba afiliado Negrín- y que seguía todavía dividida, que sólo asistió el día 7, enviando al día siguiente una carta alegando que todo se había hecho con injustificada precipitación, manifestando por otra parte su deseo de que se diera a todos los problemas una solución parlamentaria. Las razones expuestas por Negrín fueron reconocidas y se tomó el acuerdo siguiente, suscrito por todas las delegaciones:

«Los partidos v organizaciones reunidos en el día de hoy, conscientes de su responsabilidad en los momentos actuales, acuerdan por unanimidad requerir al presidente de las Cortes, Excmo. Sr. Diego Martínez Barrio, a que, con la mayor urgencia posible, se proceda a convocar en sesión extraordinaria y solemne al Congreso de los diputados, al solo efecto de que ante éste haga la promesa con arreglo a la Constitución, para asumir las funciones de la presidencia de la República».

El acuerdo fue entregado a Martínez Barrio y el Congreso de los diputados se reunió el 17 de agosto en el salón de Cabildos del Palacio del Gobierno de México. Tomaron parte en la ceremonia 96 diputados y asistieron a ella los embajadores de Bolivia, Colombia, China y Venezuela; los ministros de Francia, Checoslovaquia y Suecia; encargados de negocios de Grecia, Nicaragua, Uruguay y Rusia, así como numerosos altos funcionarios de la República, los generales Miaja, Llano de la Encomienda, Pozas, Matz e Hidalgo de Cisneros, y el almirante de la Flota republicana, González Ubieta. En lugar preferente tomaron asiento los generales Alberto Zuno Hernández, Cristóbal Guzmán Cárdenas, jefe del Estado Mayor de la secretaría de Defensa, y Leonardo C. Ruiz, oficial mayor del mismo departamento, quienes ostentaban la representación del general Lázaro Cárdenas.

Fernández Clérigo, vicepresidente segundo en funciones de presidente por ausencia del primer vicepresidente, Jiménez de Asúa, que se encontraba en Buenos Aires, declaró abierta la sesión. El secretario, Eduardo Frapolli, leyó la comunicación de la secretaría de Relaciones Exteriores que autorizaba la ceremonia y concedía las inmunidades inherentes a la naturaleza del acto. Se leyó igualmente un mensaje de felicitación de la Cámara de diputados de la República del Perú, y las adhesiones de los diputados que se hallaban en Argentina, Francia, Venezuela, Cuba, Nueva York y Chile, que eran en total treinta y dos. El presidente en funciones pronunció un breve discurso en el que expresó el sentimiento de gratitud hacia el pueblo y Gobierno de México, que había hecho posible que el acto se realizara con la misma soberanía que si tuviese lugar en el suelo español.

Poco después tuvo lugar el solemne acto del juramento del Excmo. Sr. D. Diego Martínez Barrio como presidente interino de la República. La ceremonia culminaría con la interpretación de los himnos de Riego y de México, mientras en el balcón del Palacio del Gobierno ondeaba la bandera republicana. La República española ya tenía Presidente. El mismo día, Negrín puso en manos del nuevo Presidente una carta de dimisión de su Gobierno. Martínez Barrio empezó sus consultas. Las minorías parlamentarias se reunieron para emitir las opiniones de grupo sobre la personalidad que sería más adecuada para ejercer en el exilio la presidencia de un futuro gobierno de la República. En todas ellas se conjugaron como posibles candidatos el doctor Negrín y el doctor Giral, triunfando finalmente por gran mayoría este último, que era el presidente de la minoría de Izquierda Republicana, a quien el Presidente de la República le encargó procediera a formar Gobierno de acuerdo con las características siguientes:

«Ha de procurarse que abarque en su forma política a los grupos leales al régimen representado en las Cortes y a aquellas fuerzas sociales que, con evidente arraigo en el país, carecen, por voluntario alejamiento, de representación parlamentaria, y en su composición personal, a quienes dentro o fuera de las organizaciones políticas o sindicales, simbolizan altos valores intelectuales o morales de la patria. Es deseo del señor Presidente que el gobierno pueda, mediante la autoridad de su constitución, abordar y desarrollar con éxito inmediato los planes de recobro del territorio nacional, reconstrucción económica y normalidad social, así como el formal reconocimiento de los demás Estados. Para lograr esta finalidad, el señor Presidente de la República espera la colaboración generosa de todos los partidos y fuerzas sociales defensores de la Constitución».

EL GOBIERNO GIRAL

Giral encontró serías dificultades para formar su Gobierno. Tras las consultas y gestiones propias del caso que se vieron dificultadas por las negativas de Negrín y el Partido Comunista a colaborar con el nuevo Gobierno, todavía surgieron nuevos problemas por parte de Indalecio Prieto (socialista) y de José Tarradellas (Esquerra Republicana de Cataluña), a los que Giral ofreció sendas carteras, que se negaron a aceptar. Finalmente, conseguir las aceptaciones o negociaciones de personalidades elegidas que se hallaban fuera de México retrasó también la constitución del equipo ministerial. Para completar su lista, Giral tardó aproximadamente un mes. Vencidos al fin todos los obstáculos, Giral publicó, al mismo tiempo que la lista de su Gobierno, una nota en la que se lamentaba de que algunos sectores de la emigración hubieran quedado fuera por propia voluntad.

El nuevo Gobierno quedó constituido del modo siguiente:

Presidencia, José Giral, de Izquierda Republicana; Estado, Fernando de los Ríos, del Partido Socialista; Hacienda, Augusto Barcia, de Izquierda Republicana (en Argentina); Justicia, Alvaro de Albornoz, de Izquierda Republicana; Defensa, general Juan Hernández Sarabia, sin partido (en Francia); Gobernación, Manuel Torres Campañá, de Unión Republicana (en Francia); Instrucción Pública, Miguel Santaló, de Esquerra Republicana de Cataluña; Navegación, Industria y Comercio, Manuel Irujo, del Partido Nacionalista Vasco (en Inglaterra); Emigración, Trifón Gómez, de la Unión General de Trabajadores (en Francia); y ministros sin cartera: Angel Ossorio y Gallardo, sin partido (en Argentina), y Luis Nicolau d'Olwer, de Acció Republicana Catalana (en Francia).

Poco después, la lista gubernamental se amplió con los nombramientos de dos ministros de la CNT: Horacio Martínez Prieto (Obras Públicas) y José E. Leiva (Agricultura).

La legitimidad del Gobierno español no tardó en ser reconocida por los gobiernos de México, Guatemala y Panamá. La primera actuación del Gobierno Giral fue la declaración ministerial leída por el propio Giral a las Cortes reunidas para la presentación del Gobierno el 7 de noviembre de J945. Es el último documento político salido de la pluma de Fernando de los Ríos.

La reunión se celebró, al igual que la anterior, en el Salón de Cabildos del Gobierno del Distrito Federal, bajo la presidencia del vicepresidente primero, Luis Jiménez de Asúa, y con asistencia de ciento treinta y cinco diputados. Tras unas palabras de la presidencia de las Cortes, el doctor José Giral empezó su declaración ministerial ante las Cortes exiliadas agradeciendo la ayuda moral y material que a los exiliados españoles y sus instituciones habían prestado los Gobiernos de México, Guatemala, Panamá y Bolivia, así como los Parlamentos de Costa Rica, Cuba, Perú y Uruguay, y el de Francia, preconizadores de la ruptura diplomática con el Estado franquista, y los pueblos de China, Rusia y Checoslovaquia, que no habían reconocido al régimen franquista.

A continuación abordó el cómo y el por qué de la constitución de su Gobierno; los problemas de urgente atención, en especial la concordia, seguridad y colaboración; la vinculación con América y Portugal; el Estatuto de Tánger; la consecución de un Gobierno para todos los españoles; una Iglesia no política; el respeto a las autonomías; el fin del Ejército insurreccional; la cultura y economía; protección a los obreros; para concluir con la pregunta ¿cuándo retornaremos a España?

La declaración gubernamental con la votación de confianza y autorización para proceder gubernativamente fue ampliamente debatida por los representantes de todos los grupos y subgrupos parlamentarios. Y si bien la cámara acabó subscribiendo su adhesión política al Gobierno, sin embargo los representantes de los grupos socialista, comunista y Agrupación de Izquierda Republicana, intervinieron para objetar que, aun reconociendo la legitimidad del Gobierno Giral, las colectividades políticas a que pertenecían hubieran preferido que fuese Negrín el que lo presidiera. Entretanto, en el interior de España la oposición antifranquista se había organizado en la clandestinidad, en lo que acabaría llamándose Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, cuyo programa de actuación quedó plasmado en el manifiesto de octubre de 1944 firmado por los grupos integrantes de la Alianza: republicanos, socialistas, UGT y CNT.

La política de Giral desde sus comienzos se dirigió hacia dos campos esenciales: la política internacional y el intento de recuperar en lo posible los bienes dispersos de la República; más fácil el primero que el segundo. Uno de los objetivos primeros tras el reconocimiento, en 1945, por parte del Gobierno venezolano de Rómulo Bethancourt, se enfocó hacia Norteamérica, y sobre todo hacia las Naciones Unidas, en las que ya el 8 de febrero de 1945 se presentó una proposición en la que se insistía en la no admisión de la España de Franco en dicha organización. Esta propuesta fue apoyada en la Asamblea General por Bidault, y por los delegados de Checoslovaquia, Noruega, Venezuela, Bielorrusia, Uruguay, Yugoslovia y México. La resolución acabaría siendo aprobada por 42 votos a favor y dos abstenciones (El Salvador y Nicaragua).

El mismo día (8 de febrero de 1946), el presidente del Gobierno se trasladó a París, donde le esperaban ya la mayor parte de sus ministros. Al día siguiente se le unió José Antonio Aguirre, presidente del Gobierno vasco, y José Irla, presidente del Parlamento catalán que había sucedido automáticamente a Companys en la presidencia de la Generalidad. Los tres representantes de la legalidad republicana hicieron el 22 de febrero una declaración dirigida a todos los españoles, y que fundamentalmente no era otra cosa que una afirmación de su fe republicana.

Mientras, en el interior, los comunistas habían entrado en la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, y los monárquicos, por su parte, tampoco permanecían inactivos.

Con la llegada del presidente de la República, Martínez Barrio, a París se experimentó una ampliación y modificación del Gobierno. A pesar de la oposición de Prieto, se impuso el criterio de que había que ir ante todo a la más estrecha unión de todas las tendencias antifranquistas. De esta forma entraron en el Gobierno los comunistas, representados por Santiago Carrillo, y los gallegistas, cuya representación asumió Alfonso Rodríguez Castelao, lo que venía a completar la presencia de las autonomías regionales. Asimismo se dio entrada en el Gobierno a un miembro de la derecha republicana, que era Rafael Sánchez Guerra, cuyo nombre quedó silenciado por el momento, por hallarse aún en España el interesado. Tras verificar una serie de modificaciones impuestas por las circunstancias, el nuevo Gobierno —según la Gaceta Oficial de la República del 18 de junio de 1946— quedo constituido en la forma siguiente: Presidente del Consejo y ministro de Estado, José Giral; Justicia, Alvaro de Albornoz; Defensa Nacional, Juan Hernández Sarabia; Interior, Manuel Torres Campañá; Hacienda, Augusto Barcia; Obras Públicas, Horacio Martínez Prieto; Agricultura, José E. Leiva; Industria y Comercio, Manuel de Irujo; Instrucción Pública, Miguel Santaló; Emigración, Trifón Gómez; Economía, Enrique de Francisco; ministros sin cartera, Ossorio y Gallardo, Santiago Carrillo, Rodríguez Castelao y Rafael Sánchez-Guerra.

Giral subrayó que se trataba de una ampliación del Gobierno primitivo, y no de una crisis ministerial, ya que el mismo programa político y la misma declaración ministerial seguían en vigor y no serían modificados bajo ningún pretexto.

Se había logrado una auténtica concentración republicana y democrática. El 22 de marzo fallecía Largo Caballero, ex-presidente del Consejo y ex-ministro de la República. Su entierro en el cementerio del Pére Lachaise, en París, constituyó una emocionante y masiva manifestación de profundo duelo.

Los esfuerzos diplomáticos del Gobierno Giral abocaron a su reconocimiento por parte de Polonia y Rumania. A partir de este momento, el tema de la España de Franco va a ser protagonista en el Consejo de Seguridad de la ONU, en concreto a partir de la sesión del martes 9 de abril, en la que Oscar Lange, delegado de Polonia, planteó la situación del art. 34 de la Carta. Las intervenciones de unos y otros culminaron en el Memorandum que el Gobierno Giral dirigió al subcomité del Consejo de Seguridad, en uno de cuyos anexos figuraba un escrito de varios militares españoles, residentes en Argentina.

A la vista de todos estos documentos y declaraciones, el subcomité integrado por los representantes de Australia, Brasil, China, Francia y Polonia emitió un amplio informe el 29 de abril de 1946, en el que se estudiaba la cuestión española y en el que se abordaban las medidas a tomar en virtud del capítulo VII de la Carta, concluyendo con una serie de recomendaciones al Consejo de Seguridad.

Paralelamente a estas acciones, hay que citar el Congreso Socialista Obrero Español, celebrado en Toulouse (22-26 de mayo); las declaraciones de 105 diputados británicos con ocasión del 18 de Julio; así como el acuerdo adoptado por las Trade-Unions que vino a unirse a los que habían sido adoptados en Moscú por la Conferencia Mundial de Sindicatos; los discursos de diversos ministros (Irujo en Londres, Sánchez-Guerra en Polonia...); el reconocimiento del Gobierno Giral por parte de Hungría, etc., etc.

Por su parte, los Gobiernos autónomos en esta época también incrementaron sus actividades políticas. El presidente de la Generalidad, después de consultar a las personas que le parecieron más indicadas y de informarse sobre todo de la opinión del interior de Cataluña, decidió ampliar el Gobierno con el nombramiento de nuevos consejeros, quedando constituido de la siguiente manera: Presidente, José Irla; Consejeros: Pompeyo Fabra, Carlos Pi y Sunyer, Antonio Rovira, José Carner, Juan Comorera, Pablo Padro, Manuel Serra y Francisco Paniello. Este Gobierno hizo una firmación de unidad catalana.

El Gobierno vasco, que de 1940 a 1945 había trasladado su sede a Norteamérica, se reunió los 5, 8, 12 y 20 de agosto en Bayona, y siguiendo la regla que se había fijado en Nueva York, y de acuerdo con las organizaciones políticas vascas que funcionaban en el interior del país, se organizó de la forma siguiente: Presidente, José Antonio de Aguirre; Finanzas y Justicia, Jesús M.a de Leizaola; Cultura, Telesforo de Monzón; Interior, José María de Lasarte; Industria y Navegación, Fermín Zarza; Seguridad Social, Enrique Dueñas; Trabajo, Sergio Echevarría; Agricultura, Gonzalo Nardiz; Comercio y Abastecimiento, Ramón María de Aldasoro; Obras Públicas, Leandro Carro; y Sanidad, un titular residente en ese momento en el interior del país. El Gobierno así constituido tenía la misma proporción política y la misma composición que el proclamado en Guernica el 7 de octubre de 1936.

En el interior, la Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas lanzó clandestinamente un importante manifiesto a la opinión pública, desenmascarando las maniobras que Franco y su Gobierno llevaban simultáneamente a cabo para compensar la acción republicana en las Naciones Unidas. Por su parte, Gil Robles tampoco permanecía inactivo y se inclinaba cada vez más decididamente a la monarquía, cuya restauración veía como el único medio de resolver el problema español.

El último capítulo del Gobierno Giral giró en torno a la Asamblea General de la.ONU que había quedado fijada para el 23 de octubre. Congresos, reuniones, viajes, discursos, etc. precedieron a la propia asamblea en la que se iban a abordar las relaciones de España con las Naciones Unidas. El 15 de diciembre fue adoptada, por 34 votos contra 6 y 13 abstenciones, una resolución en la que entre otras cosas se recomendaba a los miembros de las Naciones Unidas que retiraran de Madrid a los embajadores y ministros plenipotenciarios.

A pesar de este éxito de Giral, Indalecio Prieto pronunció en México el 17 de diciembre, un discurso atacando al Presidente de la República y a la política del Gobierno Giral, declarándose favorable a un acercamiento de todas las fuerzas antifranquistas, comprendidos los monárquicos, persuadido de que el mejor modo de desalojar a Franco del poder era el secundar las tentativas británicas de formar un Gobierno Provisional en España compuesto de representantes del centro y de la derecha. Alegó que la resolución de la Asamblea General de la ONU se limitaba a la aplicación de sanciones diplomáticas y no comprendía ninguna sanción económica, como se había pedido primitivamente, y que era la única condición realmente capaz de asfixiar a Franco.

Izquierda Republicana, sin embargo, reiteró su adhesión a Giral, quien se apresuró a reunir su gabinete el 22 de enero de 1947. Allí expuso un programa político cuyas líneas fundamentales eran las siguientes: Aumento de la ayuda a la resistencia. Unificación de todas las fuerzas antifascistas del interior por medio de la creación de un consejo de la Resistencia. Intensificación de las acciones de resistencia contra el régimen franquista hasta el punto de hacer, de acuerdo con la presión democrática mundial, absolutamente imposible el sostenimiento del franquismo en el poder. Ampliación de la base del Gobierno haciendo entrar en él a representantes de otras fuerzas antifranquistas, principalmente del interior. Activación de la lucha de la resistencia conjugada con la presión internacional que había comenzado a hacerse efectiva por la retirada de los embajadores.

Sin embargo, Sánchez-Guerra manifestó que Giral no era el hombre adecuado para llevar a cabo ese programa. A su juicio, el Gobierno había agotado todas sus posibilidades nacionales e internacionales. La crisis estaba abierta y culminó con la dimisión de Trifón Gómez y Enrique de Francisco, representantes en el gobierno de la UGT y del Partido Socialista, así como la de Martínez Prieto y Leiva, ministros de la CNT. A Giral no le quedó otro recurso que presentar al presidente de la República la dimisión de su gabinete.

EL GOBIERNO LLOPIS

Tras las consultas de rigor, Martínez Barrio confió a Augusto Barcia el encargo de formar un Gobierno basado en estos dos principios:

1) Agrupar el mayor número posible de representantes de los grupos parlamentarios y de las tendencias de opinión política y social y particularmente del interior de España.

2) Practicar un programa enfocado al derrumbamiento de Franco, a la coexistencia pacífica de todos los españoles y a la restauración de la República.

Pero los representantes del Partido Socialista y de la UGT se apresuraron a declarar que no podían concederle su colaboración ni su apoyo, estimando que, dadas sus opiniones harto conocidas que le identificaban con la política del jefe del Gobierno anterior, doctor Giral, se hallaba mal situado para formar el Gobierno que había de realizar la nueva política mencionada en la nota presidencial. Los representantes de la CNT respondieron en el mismo tono. Barcia, pues, se vio precisado a desistir de su intento y a declinar el encargo que le había confiado el presidente de la República. Seguidamente, Martínez Barrio confió la misión de formar Gobierno a Rodolfo Llopis, secretario general del Partido Socialista, que, después de llevar a cabo las gestiones pertinentes, logró confeccionar la lista de su gabinete, cuyo programa se resumía en los puntos siguientes:

1) Acercamiento con las fuerzas que, en el interior de España, luchaban para derribar el régimen de Franco.

2) Política internacional de acuerdo con la actitud de la ONU, tal como resultaba de la resolución relativa a España del mes de diciembre de 1946;

3) El Gobierno de la República debía ser el organismo que dirigiera la consulta por la que el país debía determinar el régimen que quería darse.

El 9 de febrero de 1947 sometió al Presidente de la República la lista de los ministros del nuevo Gobierno, que quedó constituido así: Presidente del Consejo v ministro de Estado, Rodolfo Llopis (socialista); Justicia, Manuel de Irujo (nacionalista vasco); Hacienda, Fernando Valera (Unión Republicana); Defensa, Julio Just (Izquierda Republicana); Instrucción Pública, Miguel Santaló (Izquierda Catalana); Emigración, Trifón Gómez (UGT); un ministro comunista de Economía nacional y un ministro de Información de la CNT, que serían designados posteriormente. El gabinete se componía de ocho miembros, en tanto que el anterior constaba de catorce.

El programa del Gobierno de Llopis difería esencialmente del que había sido defendido por Giral, en que, manteniendo la permanencia de las Instituciones republicanas, aceptaba, sin embargo, como posible la formación de un Gobierno provisional constituido por representantes de todas las formas de opinión. Prieto —para salir al paso de los recelos de los republicanos— se convirtió en el animador del nuevo Gobierno, en tanto que los partidarios de Negrín encabezaron la oposición.

La política preconizada por el Gobierno Llopis continuó recibiendo, en el orden internacional, la anuencia de las democracias amigas. El 2 de marzo, el jefe del Gobierno republicano era recibido en Bruselas por el presidente Huvsman y el ministro de Asuntos Exteriores, Spaak. Poco después, el Gobierno en pleno sería recibido —el 5 de marzo— por Edouard Herriot, presidente de la Asamblea legislativa francesa.

Por otra parte, se entablaron negociaciones con los monárquicos, precisamente pocos días después de que en Madrid se anunciara el provecto de Ley de Sucesión, y de la réplica de don Juan de Borbón en su célebre manifiesto del 7 de abril. La posterior aprobación por las Cortes de Franco (7 de junio) del proyecto de Ley de Sucesión, y el subsiguiente Referéndum (6 de julio) en el que fue aprobado por un 93 por ciento, no varió de momento la política internacional del Gobierno Llopis. De todas formas, aunque España había quedado excluida de la Conferencia de Estados Europeos y del Plan Marshall, la solución del problema español se hallaba en manos del Consejo de Seguridad, que no procedió a tomar ninguna medida.

La crisis del Gobierno Llopis fue provocada por el Congreso del Partido Socialista Obrero Español, iniciado en Toulouse el 25 de julio. Prieto acusó con dureza a Llopis echándole en cara, entre otras cosas, que no había tenido en cuenta unas resoluciones adoptadas por su partido dando en su Gobierno un puesto a los comunistas. También criticó los gastos del Gobierno, acusándole de que en un presupuesto de 12 millones de francos mensuales los socorros para los exilados se elevaban sólo a 750.000. Prieto insistió en que la máxima atención debía ser dirigida a la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, de la que había de conseguirse, como único medio para derribar el régimen de Franco, las sanciones económicas y el bloqueo total por parte de los países democráticos.

El hecho de que el Congreso del Partido Socialista diera sólo valor de símbolo a las instituciones republicanas y exigiera automáticamente la exclusión de toda participación comunista, hizo que el 6 de agosto de 1947 Llopis presentara al presidente de la República la dimisión de su gobierno.

J. A. F. B.