El ejército de la República antes de julio de 1936.

     En los cinco primeros días de la República, el flamante Ministro de la Guerra, Manuel Azaña, disolvió el Somatén, cesó a cinco Capitanes Generales, al presidente del Consejo Supremo del Ejército y a los mandos más importantes de la aviación, repuso a los generales cesados por  Primo de Rivera y proclamó un indulto general. Todo ello con sus correspondientes decretos. Pero además, Galán y García Hernández, los protagonistas de la sublevación de Jaca, fueron rehabilitados a título póstumo, fueron prohibidos los símbolos monárquicos en los uniformes y en los cuarteles, más la prohibición de asistencia de militares en calidad de tales a las ceremonias religiosas (1). El gabinete militar técnico de Azaña se ganó las iras de todas las formaciones de la derecha, que así, pero injustamente, alimentaban el rencor militar contra Azaña. Era el principio de la reforma de Azaña.

Tal reforma era una de las primeras, sino la principal, de las tareas que el naciente gobierno provisional quería acometer sin dilaciones. En ella estaba el ánimo general de todos los republicanos, y partidos de izquierda para conjurar de una vez por todas a quienes desde "desde fuertes posiciones seculares y prevalecidos de sus medios" suponían la mayor amenaza contra la democracia en España. A la vista de los que fue, parece que estaban acertados. Justa o injustamente, todas las fuerzas políticas interesadas en llevar adelante el proyecto republicano, no sólo temían a la institución militar sino que también, y parejo, la despreciaban como institución del Estado incapaz para su verdadero cometido, pero eficacísima para arruinar toda acción civil, institucional o no, de carácter progresista. Se trataba del resolver de una vez por todas "el problema militar", y dejar las fuerzas armadas en un papel similar al de las grandes democracias europeas: los militares no intervienen en política, ni por la derecha ni por la izquierda, su única misión, la defensa de la patria y sus intereses. Naturalmente, y como se demostró posteriormente, en el cuerpo de oficiales existían las mismas fuerzas o parejas que en las instituciones civiles, no en la misma proporción, pero si tan vivas. A la caída de la monarquía, el cuerpo de oficiales se encontraba al pairo frente a la República, dejando a un lado a los militares decididamente partidarios o enemigos, un gran porcentaje de la oficialidad, veían a la República con alguna hostilidad pero con cierta esperanza. Esto no debe confundirnos, la mayoría de la oficialidad era muy reaccionaria en los clásicos terrenos de la política y la vida española. Eran, también, muy conscientes del estado calamitoso del ejército, como fuerza armada, pero sus esperanzas no se encontraban precisamente en la superación de la tradicional incompetencia militar española, sino en la superación de los males de personal que padecían individualmente en sus carnes. Escalas atestadas, sueldos de miseria, corrupción generalizada, favoritismos, etc... En cuanto a su, también tradicional uso como fuerzas última de orden público, no era este un tema que les inquietara, al contrario, había sido su papel más habitual desde decenios, y se le consideraba una obligación de los militares en España y desde luego, un derecho. El intervencionismo militar español estaba justificado e imbricado en los males de orden público que sacudieron a la monarquía alfonsina durante todo su reinado e incluso en la tradición de pronunciamientos surgida después de la guerra de 1808. Los oficiales querían reformas, ¿pero querían renunciar, a cambio, a su papel de arbitro final, de la política española? Recién salidos de una dictadura militar, los oficiales se encontraban en una encrucijada histórica. El nuevo régimen, era evidente que, independientemente de lo que hiciera, lo que tenía en mente era meterlos en cintura. Los militares lo sabían y pese a que mayoritariamente, el cuerpo de oficiales lo que esperaban era más presupuesto y más expectativas, tenían la firme intención de opinar alto y claro a cualquier posible reforma republicana. No parece cierta ni lógica, la común afirmación de algunos historiadores de que la oficialidad, sobre toda la joven, saludo a la República con alborozo, en cualquier caso, poco les duró esa sensación, si era cierta.

El gobierno provisional empezó por lo primero y principal, el juramento de fidelidad al nuevo régimen. Esto que parece de cajón, ya causó las primeras tensiones, y aunque fueron pocos los que se negaron a cumplir el decreto del 23 de abril, naturalmente, había que seguir comiendo gobernara quien gobernara, los que se fueron lo hicieron ya como futuros conspiradores y enemigos a muerte de la República.

Y Azaña comenzó su reforma:

     La cual, de aparente carácter técnico era en realidad política, cuyas bases se definían en:

1. Una reducción de efectivos del cuerpo de oficiales, mediante el pase al retiro (a la segunda reserva con prácticamente el sueldo completo).

2. Supresión de unidades. 37 regimientos de infantería, cuatro batallones de montaña, nueve batallones de cazadores, diecisiete regimientos de caballería, uno de ferrocarriles y dos de zapadores. Muchas de estas unidades pertenecían al ejército de África.

3. Reforma de la enseñanza militar con la clausura de la Academia General Militar y traslado de sus director a una guarnición (lo que supuso el odio de Franco a Azaña), manteniendo tres academias, la de Toledo (Infantería, Caballería e Intendencia), la de Segovia (Artillería e Ingenieros), y la de Sanidad Militar en Madrid.

4. Reorganización de la administración central del Ejército modificando el Ministerio de la Guerra y restableciendo el Estado Mayor Central.

5. Supresión de las Capitanías Generales y de sus regiones militares, creando ocho Divisiones Orgánicas y dejando la categoría de General de División como máxima del Ejército. La supresión de los Capitanes Generales, verdaderos virreyes militares y único cargo institucional cuyo mando superaba la provincia, era decisiva para el control político del Ejército.

6. Paso de la administración del Marruecos español a un Alto Comisario civil.

7. Reforma de los servicios de movilización y reserva

8. Creación del cuerpo de Suboficiales y del CASE (Personal civil del ejército, armeros, etc...) y supresión de las escalas de reserva de oficiales provenientes de las clases de tropa que se intercalan en las escalas activas.

9. Supresión de Consejo Supremo de Justicia Militar pasando todas sus atribuciones a la sala sexta de Supremo. Otra necesaria medida que dejaba a los generales sin competencias ni autoridad judicial, la medida se incluía en las situaciones de estado de guerra, alarma, etc...

10. Creación del Consorcio de Industrias Militares, con la finalidad de dotar de materiales a las fuerzas Armadas y participar en el el mercado internacional contribuyendo así a la industrialización del Estado.

Tras muchos decretos de urgencia, las Cortes republicanas promulgaron la Ley de Defensa de 21 de octubre que recogía la reforma y definía el papel de las fuerzas armadas de la República, regulaba el reclutamiento y ascenso de los oficiales añadiendo a la antigüedad (meritos), la aptitud, es decir la preparación técnica de los oficiales, con cursos obligatorios de aptitud para los ascensos a Comandante y General, suprimiendo el ascenso por méritos de guerra o por elección. Dejando esta última cuestión en manos del Ministerio. Otro aspecto importante de la Ley es la obligatoriedad de reservar plazas convocadas para oficiales a los suboficiales. Una de las partes más polémicas de esta ley era la exigencia de estudios de determinadas asignaturas en facultades universitarias, y también de exigir a los futuros oficiales el haber servido al menos seis meses de soldado en el arma elegida. Estas últimas medidas suplían evidentemente la supresión de la Academia General, centro político del pensamiento militar reaccionario español, dando a los futuros oficiales más contacto con la sociedad civil y con la tropa. Finalmente, la ley fijaba las Armas, Cuerpos y Servicios del Ejército, dejando cinco Armas (Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros y Aviación), cinco Cuerpos (Intendencia, Sanidad, Tren -Transportes militares-, Intervención y Jurídico), un Servicio (Estado Mayor) y dos Institutos (Guardia Civil y Carabineros). Hay que señalar la supresión del Cuerpo de Estado Mayor ("la inteligencia militar").

La Marina fue también reorganizada por los sucesivos Ministros de Marina. Se promulgó la Ley de Reorganización de la Armada el 24 de noviembre de 1931 cuyas bases eran parejas a la reforma de Azaña. Para empezar se suprimieron los empleos de Capitán General de la Armada y Almirante, se suprimen los Departamentos Marítimos y las competencias jurídicas de los Almirantes. Los departamentos son sustituidos por las Jefaturas de Bases Navales que serían mandadas por un Vicealmirante, que sería el mayor grado en la Armada. Las bases navales serían El Ferrol, Cádiz y Cartagena y en todas ellas habría un Arsenal al mando de un Contralmirante. Las competencias jurídicas pasarían al Cuerpo Jurídico de la Armada. Como bases secundarias quedarían Ríos y Mahón. Se potenció el Cuerpo General de la Armada y se crearon los Cuerpos Auxiliares de las distintas ramas navales, verdaderos cuerpos de especialistas que iban desde Auxiliar de tercera (suboficial) hasta Capitán de Corbeta (Comandante). Se puso en marcha un plan de modernización de unidades y la construcción de dos cruceros pesados y una moderna serie de destructores y minadores. La Armada salió muy beneficiada de la reforma republicana, pero su casta de oficiales no supo apreciarlo o no quiso, quedándose con las anécdotas como la supresión de la coca de los galones del cuerpo general y la sustitución por una estrella de cinco puntas como el resto de los cuerpos, lo que provocó un bien aprovechado malestar entre los oficiales de carrera.

En cuanto al servicio de aviación (en teoría, futura arma), se crea el Cuerpo General de Aviación y se reorganizan los Servicios Técnicos. Se modificaron algunos empleos para adaptarlos a la nueva arma y se potenció a algunos pilotos muy reconocidos y que posteriormente todos participarían en el bando rebelde. En la realidad, el servicio de aviación no se benefició mucho de las reformas, pues hubo dificultades financieras para llevarlo a cabo. Lo que sí se creo en 1933 fue la Dirección General de Aeronáutica que englobó a todos los organismo afines existentes hasta entonces. Sus competencias fueron las de Mando superior de la FF.AA., Instrucción de personal, Tráfico aéreo, Servicio técnico e industrial y gestión presupuestaria. Las FF.AA. se constituyeron por la fuerza aérea, propiamente dicha, las fuerzas de defensa aérea, y los servicios aéreos del Ejército y la Marina, todo bajo el mando del jefe superior de las FF.AA.

Por lo que respecta al Ejército de África, la principal reforma consistía en su declaración de ejército de voluntarios, de modo que jamás un quinto español tuviera que ser destinado a la fuerza a África. Quedaba al mando de un general de división y dividido en las dos clásicas zonas con cabecera en Melilla y Ceuta. La reducción de efectivos por la reorganización no mermó la capacidad del ejército colonial español.

Por lo que respecta  la fuerzas de orden público, La Guardia Civil pasó a depender del Ministerio de la Gobernación, y los Carabineros del Ministerio de Hacienda ambos a través del Ministro de la Guerra. La Dirección General de la Guardia Civil y la de Carabineros fueron suprimidas, en parte por la revuelta de Sanjurjo, director general de Carabineros el 10 de agosto.  En la Guardia Civil Se suprimieron zonas y tercios móviles y se revisó la política de acuartelamientos. El Instituto se organizó en cuatro zonas (Barcelona, Córdoba, Valladolid, y Madrid), 19 tercios y 50 comandancias. En diciembre de 1933 las fuerzas de Cataluña son adscritas a la Generalitat y se crea una nueva zona en Valencia. El Cuerpo de Seguridad se incrementó con la Creación de la Guardia de Asalto, dividido en grupos con una plantilla inicial de 2.500 guardias pero que se fue incrementando según la violencia política sacudía a la II República.

El ejército resultante de estas reformas no difería en absoluto del anterior. Más de un veinte por ciento de los oficiales se acogieron al retiro, pero, sorprendentemente, muchos de ellos eran republicanos convencidos, una de cuyas explicaciones pudiera provenir del mal uso que hicieron los militares del gabinete técnico de Azaña de la política de ascensos. Otros muchos de los defectos tradicionales del ejército español, la injusta manera por la que se libraban las clases altas del servicio mediante pago en metálico, siguió existiendo, pese a que se decretó el servicio militar obligatorio. La reducción del presupuesto no permitió desarrollar la legislación sobre el ejército profesional de Marruecos. La revisión de los ascensos en campaña significo una gran fuente de tiranteces y rencores personales, y no benefició a los oficiales republicanos. La adjudicación de destinos otra de lo mismo. En suma, el ejército siguió siendo desmesurado para las verdaderas necesidades de defensa del país. La masa de oficiales se encontraba descontenta y muy receptiva a las incendiarias proclamas de la derecha. La política de orden público siguió siendo la misma que durante la dictadura de Primo de Rivera: estado de guerra, tropas en la calle y tribunales castrenses, lo que permitió al ejército recuperar el protagonismo político, sobre todo tras la llegada del bienio negro y la revolución de octubre. Otras reformas menores como la desaparición del Cuerpo Eclesiástico militar y la reforma del Estado Mayor también aumentaron el número de los agraviados. Parece claro, a tenor de la reacciones de la clase militar, aunque sea duro afirmarlo, que la masa de oficiales del Ejército y la Armada, a la hora de la verdad, no quería ningún tipo de reformas que pusieran mínimamente en peligro sus seculares privilegios, y que sólo esperaban más presupuesto y más expectativas de empleo. Los artífices y principales teóricos de la contrarreforma fueron Mola y Goded, las camarillas peninsulares, y la elite militar africanista.

    No obstante, y pese a la falta de tiempo para completar la reforma, las bases para la modernización del ejército español estaban puestas. La llegada al poder de la derecha en 1933 permitió la vuelta de los oficiales derechistas que crearon una organización secreta, la Unión Militar Española, mayoritariamente apoyada por capitanes y comandantes que más tarde serían las vanguardias de la oficialidad rebelde. Pero la política militar de Gil Robles y de Franco no abordó, pese a que las planteó, las tareas de urgente renovación de materiales, y menos, desarrolló las reformas restantes, en cambió, el ejército fue usado como un instrumento de la política derechista del gobierno. Así que el ejército resultante de estas reformas no cambió, ni a peor ni a mejor, siguió siendo el mismo ejército lleno de vicios que le impedían cumplir con su legal cometido. En cualquier caso, la reforma de Azaña no fracasó realmente en tanto que era "legal" y que dependía en puridad del presupuesto, fracasó eso sí, en cuanto sus enemigos se alzaron en armas contra la legalidad republicana. De hecho, Franco mantuvo algunas de la reformas de Azaña hasta casi nuestros días, desmontando las partes que no le convinieron, es decir Capitanías Generales, Cuerpo Eclesiástico, Tribunales militares, ascensos, etc..., puede decirse, como en el caso de los pantanos, repoblaciones y carreteras proyectados por Prieto, que algunas de las reformas de Azaña le sobrevivieron.

      Fuerzas militares el 18 de julio de 1936.

El ejército de 1936 estaba organizado en ocho divisiones administrativas (Divisiones Orgánicas) y dos Comandancias militares. Las unidades estaban distribuidas dentro de las divisiones. La estructura de la división consistía en dos brigadas de Infantería, con dos regimientos cada. Contaba además con dos regimientos de artillería, un batallón de zapadores y unidades auxiliares, y algunas disponían de regimientos de caballería. El total de las fuerzas sobre el papel era:

Balance teórico de efectivos de Tierra y Seguridad al 18 de julio:.